Estaba yo con la esperanza de que en estos días se estuviese produciendo en el ministerio de Política Territorial y Administración Pública que preside el socialista Miquel Iceta un importante debate sobre el futuro de la administración pública en general y del personal de las administraciones en particular.
Me preguntaba si esta situación de crisis, en la que hemos podido comprobar las dificultades de las administraciones para adaptarse a las nuevas situaciones, existe también una elevada temporalidad y nuestras plantillas están envejecidas y faltas de las necesarias competencias profesionales, iba a ser suficiente para provocar la necesaria revisión del modelo de función pública o si, por el contrario, la anunciada reforma del Estatuto Básico se centraría exclusivamente en taponar la vía de agua de la temporalidad, sin afrontar los necesarios cambios estructurales que esta nave precisa.
La reforma de la administración no parece nacer de un impulso interno. El empuje viene dado desde Europa, la cual ha condicionado el acceso a los recursos para la reconstrucción tras la pandemia. No es esperable que la reforma vaya a ir mas allá de lo estrictamente exigido por Europa - estabilizar dichas plazas antes del 31 de diciembre del 2024, no por la vía de la conversión a fijos, sino a través de una avalancha de oposiciones -.
A estos efectos, el ministro Iceta se hizo con un grupo de expertos a los que trasladó el objetivo dotándoles de un plazo de dos meses para que se le proporcionasen las herramientas normativas necesarias para dar respuesta al problema de una temporalidad que se tasa en 300.000 empleos.
Me llama poderosamente la atención que este equipo asesor este compuesto exclusivamente por personas expertas en derecho administrativo y no exista la aportación de personal experto en gestión de recursos humanos en general o en selección de personal en las administraciones públicas en particular. Creo que es un grave error, salvo que el objetivo se reduzca a adaptar la normativa para permitir y obligar a convocar una orgía de ofertas de empleo público.
Definitivamente, a la espera de ver en que se concretan las medidas anunciadas por el ministro, parece que estas se van a centrar en estas líneas:
- Forzar la convocatoria de 300.000 empleos públicos para reducir la tasa de temporalidad.
Es previsible una hiperinflación de la oferta a la ciudadanía, generando expectativas que no van a poder ser cumplidas en lo que se esperaría en un contexto normalizado de acceso en igualdad.
No es esperable la coordinación interinstitucional, ni la existencia de convocatorias conjuntas o unificadas, ni apoyo técnico a los municipios que lo necesiten.
- En teoría, se estabilizarán/consolidarán puestos estructurales cubiertos actualmente de forma temporal y no se plantea de derecho una consolidación directa de las personas que los ocupan.
En la práctica, se apostará por procesos selectivos devaluados en su fase de oposición - baja puntuación y pruebas de fácil superación - y una fase de concurso hinchada con la experiencia e hipertrofiada en valor .
Los Tribunales, los de justicia, van a tener mucho trabajo en la supervisión de las base y aplicación de estas en los procesos-estafa.
Los propios procesos, en su desarrollo, conllevarán un elevado incremento de la litigiosidad. La necesaria validación de los procesos selectivos por los tribunales de justicia acabará siendo la tónica general y llevará aparejado un incremento sustancial en los tiempos necesarios para la resolución de estos procesos
- Se penalizará a las administraciones que tengan personal temporal en puestos estructurales.
Es curioso que las administraciones locales, que han sido las paganas de las tasas de reposición que les impedía ofertar en OEP las vacantes que se les generaban y de las que no podían prescindir para seguir atendiendo los servicios que tienen asignados, vayan a ser las perseguidas por estas medidas.
Resulta llamativa la labor de tutorización ¿paternalista? ejercida por parte del Estado con respecto a las administraciones locales, limitando sus posibilidades de diseñar sus propias políticas de recursos humanos en base a sus necesidades para hacer frente a los servicios cuya prestación tiene comprometida. Creo que, a estas alturas de la democracia, habría que reconocerles su capacidad para definir y dimensionar sus propias plantillas.
Esfuerzos de tutorización y control que contrastan con la falta de apoyo y de recursos para hacer frente con garantía a los complejos procesos selectivos que se les vienen encima.
- Se modifican las pruebas de la fase de oposición, en el sentido de que se reducirán las pruebas que exijan memorización en favor de pruebas que midan aptitudes.
Esta propuesta puede tener y tiene una doble lectura:
- Selección por competencias en las que si bien el conocimiento se valora en función de la importancia que tiene para el desempeño del puesto, la memorización pura deja de ser el elemento central. Estaríamos evolucionando hacia una selección por competencias en las que, a partir de la definición del puesto, se abriría un amplio abanico de elementos a valorar además del conocimiento, tales como las competencias transversales, la orientación al servicio público, las capacidades de trabajo en equipo, resistencia al estrés, resolución de conflictos... En este caso la propuesta sería apoyada por la mayoría de los profesionales de la selección de personal y tendría apoyo en el colectivo del personal funcionario que lo entendería como una modernización del sistema de acceso.
- Estrategia para reducir las exigencias de acceso. Se reducen o eliminan los temarios que explicitan las áreas de conocimiento y se sustituyen por pruebas prácticas ah hoc que garanticen que el personal que las esta desempeñando pueda superarlas. Sería una estrategia a corto plazo que devaluaría los procesos de selección para el acceso a la función pública y que solo tendría el apoyo del personal interino y sus representantes y un importante rechazo de la ciudadanía y del propio colectivo funcionarial.
